Finalmente, la gran ciudad de hoy es el resultado, no sólo de una acumulación de funciones sino de una convergencia de conflictos. Por una parte, la gran ciudad es  resultante y sumidero de la crisis rural, surgida de la mecanización de la agricultura y el derecho eminente del propietario, que convierte a las urbes en  receptáculo de demografía sobrante, de esas muchedumbres desarraigadas que acuden a la búsqueda de la mayor protección del ámbito urbano. Por razones conexas con la anterior, en la gran ciudad contemporánea se exasperan las tensiones sociales y raciales, sobre todo después de que las poblaciones coloniales y los trabajadores invitados en épocas de despegue económico se asientan en las metrópolis y se reproducen en ellas. De esta forma se consolida un troceamiento del espacio urbano en zonas de producción y de consumo, diversas producciones y diversos consumos, y sobre todo, en  áreas ricas y sórdidas, -los barrios altos y bajos del modelo industrial-, cuyos puntos de contacto y cuyos diversos tráficos, concentran un alto grado de violencia y anomía. 

            Los grandes temas urbanos, que constituyen ya el principal tema político de países como el nuestro, son la regulación del suelo y el acceso a la vivienda, los problemas del transporte, la calidad de la vida (agua, aire, energía, ruido, desechos, contaminación),la seguridad, la sociabilidad y, sobre todo ello, la ausencia de una cultura urbana que homogenice poblaciones crecientemente hostiles.

            Quizás el tema más obvio sea el de los usos del suelo y la ordenación de la vivienda. La Revolución industrial marcó una abrupta transición en la problemática urbana, que se ejemplifica en aquellas ciudades ingleses, Manchester, el mismo Londres, de principios del siglo XIX. Pequeñas ciudades artesanales y mercantiles, sedes de Gobiernos y Parlamentos, se transformaron en concentraciones fabriles, donde la iniciativa de los industriales gobernaba el uso del suelo y los modos de asentamiento de la población. Los nuevos proletarios, venidos del campo, se arremolinaban en casuchas que rodeaban a las fábricas, mientras los señores y los antiguos pobladores, artesanos, comerciantes, funcionarios, buscaban un cierto alejamiento, lo que dió lugar a la creación de barrios de clase media y al establecimiento de zonas residenciales.

            Durante un largo periodo, tanto en Inglaterra y en Europa, como en América, el mundo urbano siguió las vicisitudes del desarrollo industrial, con sus períodos de bonanza y decaimiento, sin que, hasta el final de la guerra mundial, con ocasión de la reconstrucción bélica, se plantearan los gobiernos, funcionales al capitalismo, la posibilidad de intervenir globalmente en los usos y los precios del suelo. El incremento de la emigración rural a las ciudades, que se hizo ya transnacional y endémica, proporcionó nuevas razones a la acción pública. Es entonces cuando comienza sistemáticamente la teoría y la práctica de la planificación urbana. 

            Las políticas gubernamentales han oscilado, por un lado, entre la intervención, como la creación de ventajas fiscales en lugares alejados de las urbes, la construcción de viviendas públicas o protegidas, la planificación de usos del suelo, el control de rentas, la regulación de las actividades industriales y comerciales, etc y, por otro, la aceptación, más o menos concluyente, de las leyes del mercado, lo que se traduce en el predominio de los grandes intereses industriales y financieros, que tienen, cada vez más, un lucrativo apéndice inmobiliario.

            Nuevos factores se añaden, como el desarrollo del Estado bienestar, que hace más factible la vida en las ciudades para las personas menos activas, para los parados y donde las burocracias de todo tipo engendran empleos basados más en la presión de la demanda de trabajo y en políticas laborales subsidiarias, que en la existencia de iniciativas productivas convencionales. El empleo a su vez engendra nuevas necesidades de vivienda y así, en los años sesenta y setenta se generan esas megalópolis, esas conurbaciones, en las que se suceden las actividades económicas, las de habitación y las de ocio, sin solución de continuidad, y a cuya corta etapa de bonanza vino a poner un abrupto fin la crisis del petróleo de los setenta.

            A partir de los años ochenta, con la disminución de la acción pública en vivienda, y al calor de la expansión económica del período neoconservador, el asunto se ha recalentado de tal manera que la obtención de una vivienda en términos razonables y su funcionalidad al trabajo  se ha convertido en el principal problema de la incorporación de las nuevas generaciones a la independencia y a la vida activa. El suelo, las casas, ya no son una necesidad que se alquila o se compra. De su valor de uso hemos pasado, a través de diversas etapas de especulación inmobiliaria, a que tanto la clase media como la alta, tanto las empresas nacionales como las transnacionales, los consideren como una inversión, casi como un activo financiero. La llegada a España del capital internacional se caracteriza por ese ánimo especulador. Apenas crea empleo, más bien se especializa en comprar a la baja empresas y tierras y, en compañía del dinero ilícito, el que se origina en el tráfico de drogas y armas, logra duplicar, triplicar el costo del suelo. Esto se consigue en España con el apoyo estratégico del decreto Boyer, que consagra la libertad de precios y el cambio de uso, expulsa de las ciudades a las familias más necesitadas, aleja del casco urbano a las nuevas parejas y consolida al negocio de la recalificación y el tráfico de influencias inmobiliario como el mejor de todos los que se pueden hacer en la España de las grandes ciudades.

            La crisis del petróleo incide en otro de los temas claves, el transporte. La coalición de intereses de la industria del motor, del petróleo, de los urbanizadores, consiguió en los años cincuenta, más en América que en Europa, transformar la manera de vivir de la clase media, a la que se le ofreció vivienda cuasi rural, en las afueras de la ciudad y unas carreteras por las que conducir el coche de casa al trabajo y viceversa. Paralelamente hubo un decrecimiento del transporte público, con un claro perdedor, el ferrocarril, que solamente en el norte y el centro de Europa ofrecía, con el complemento del tranvía y del metro, una cierta competencia al protegido tráfico automovilístico. La historia de los conflictos subsiguientes, con enormes inversiones en carreteras, calles autovías, túneles, elevados y otras fórmulas de aliviar la densidad, y las consecuencias nocivas, contaminantes, insalubres, de tal medio de transporte, está escrita desde todas las perspectivas y en todos los idiomas y ha degenerado en la situación actual, donde el transporte privado ahoga a la ciudad mientras va perdiendo su atractivo el modelo de "commuting" que sedujo originariamente a la clase media. La posibilidad de conciliar los intereses de la industria del automóvil, y sus derivados y adláteres, con los necesidades urbanas, definidas crecientemente en términos menos productivistas, es uno de los terrenos más obvios de conflicto y de renegociación de intereses económicos y políticos, y la acción gubernamental se debate entre la definición de un bien común distinto al formulado durante la época de la expansión industrial y la falta de legitimación, e incluso de capacidad coactiva, para reordenar inversiones y gastos públicos y privados. Por ejemplo, la circunstancia de ser España, por razones obvias, el país europeo con más fábricas de automóviles, que contribuyen poderosamente a la formación del producto nacional, al empleo y a la fiscalidad, complica poderosamente la posibilidad de efectuar una reconversión del transporte, no sólo el urbano, sino también el regional y el nacional.

            A medida que mejora la información sobre las necesidades urbanas y su previsión, y también y especialmente, por presión del ecologismo, se ha generado en el mundo occidental una conciencia de los problemas materiales de las grandes ciudades, que van desde el abastecimiento del agua potable y la energía hasta el tratamiento de los fenómenos producidos por la masificación y la especulación, como la ausencia de espacios comunitarios, el deterioro de la calidad del aire, la contaminación atmosférica producida por las combustiones domésticas, industriales y del tráfico, el crecimiento de los niveles del ruido, de los desechos, incluido el tratamiento y almacenamiento de éstos. En algún caso, el precio que zonas menos pobladas o ecosistemas más rurales, o el país en su conjunto, han de pagar para mantener los consumos de la gran ciudad son desproporcionados. Hay ciudades, como Los Angeles, que cada vez ha de traer el agua potable desde más lejos, y Barcelona sería el ejemplo español.

            Con el crecimiento de las grandes ciudades, hay constantes colisiones entre el uso agrícola, industrial y doméstico del agua, la energía y otros recursos. Y hay, sobre todo, una sensación de que la fórmula de la gran ciudad, en su versión actual, es un contrasentido económico, al convertirse sus habitantes en ciudadanos subvencionados por el resto de la población.

            Ciertamente que la fórmula de la gran ciudad ha servido para paliar las consecuencias de los desarreglos y desequilibrios regionales fruto del productivismo capitalista, y, como la subvención a la agricultura, utilizada para compensar los desequilibrios estructurales, la gran ciudad se ha convertido en la fórmula  de dispensar apoyo a los desempleados, a los marginados, a ese tercio ausente del proceso productivo. La conversión de las grandes ciudades en centros gestores y suministradores de prestaciones sociales y empleos improductivos, que está en la raíz de su masificación, su relativa tolerancia de conductas desviadas, su capacidad de expansión de los servicios públicos elementales, como educación y salud, la han privilegiado a la hora de decidir la utilización de fondos de corrección de las rigideces y las injusticias del sistema económico, pero todo ello tiene un límite, la posibilidad física y económica de seguir creciendo y la progresiva transformación de la convivencia urbana en un espacio conflictivo.

            Este sería el añadido final de la crisis de la gran ciudad, su transformación en zona de conflicto, la puesta en cuestión de la sociabilidad, producida por varios factores y, entre ellos, por la dificultad de conciliar los intereses de grupos humanos separados por su nivel de vida, por su acceso al bienestar, por su origen  y, crecientemente, el agravamiento de los delitos y las extorsiones que conllevan varios tráficos ilegales, siendo el de drogas el principal de ellos.

            El que la mayoría de las grandes ciudades estén situadas en zonas donde rigen los principios de la competencia económica, en ocasiones dura e irrestricta, las convierten en escenarios de confrontación. En la mejor tradición de las mafias de todas las épocas, especuladores de terrenos, explotadores de la economía sumergida, traficantes de drogas, pandillas de ladrones, toda clase de vampiros urbanos, se organizan para crear miedos, explotación y adicciones, que a su vez engendran violencia y caos. Las fuerzas de seguridad, no siempre de parte de la ley y el orden, apenas dan abasto para garantizar la paz ciudadana y, para suplirla, los intereses más predominantes han creado cuerpos privados, más comprometidos en la defensa de éstos que en los generales y productores, en ocasiones, de más violencia.

            La separación de barrios, que antaño tenían fronteras infranqueables, no es hoy tan obvia; los tráficos legales e ilegales, así como las personas, las cruzan con bastante impunidad y la vieja división entre barrios altos y bajos se rompe hoy en varias subdivisiones, guetos, suburbios pobres, suburbios ricos, zonas de oficinas, industriales, barrios dormitorios, etc, donde se producen conflictos sobreañadidos.

Uno especialmente notorio es la colisión racial, entre nativos y emigrantes, entre distintos colores de piel, que está generando, especialmente en Europa,  otro episodio de racismo, que vendría a ser la versión metropolitana de los antiguos racismo y clasismo coloniales.

            La rapidez e intensidad de la emigración rural y foránea, en tantos casos tercermundista, ha hecho más difícil el proceso de integración, de socialización en la cultura de la ciudad, la adquisición de lo que apropiadamente se llamaba "urbanidad, civismo". En el caldo de cultivo de la competitividad capitalista, se produce una especie de fragmentación de legitimaciones y normativas, una anomía, que, junto a las mayores soledades de la gran urbe, se traducen en la ausencia de aquella solidaridad global que caracterizaba a las ciudades más pequeñas de épocas anteriores y, por supuesto, en la progresiva liquidación de las lealtades rurales que grupos heterogéneos, desde los nuevos señores urbanos hasta los emigrantes, tratan de mantener en la gran ciudad.

            La  tradición de civilidad y libertad que las ciudades habían heredado de sus antecesoras, constituidas en garantes de espacios de derechos humanos, cuando no de fueros, respecto a la más salvaje y opresiva estructura rural, se rompe a impulsos de las nuevas fuerzas  disgregadoras.

            Incluso esa tradición de tolerancia, de permisividad, que han tenido los espacios urbanos frente a otras rigideces sociales, y que permitieron el florecimiento de subculturas de todo tipo, de las artes, de la creación, en suma de la libertad individual y grupal, se ha resquebrajado en tantos lugares e instancias, por la fuerza de las presiones costumbristas de la masificación, que impone otros modos de simbolización. Frente a ello, y como una reacción agónica, resurgen  las glosas a la soledad urbana, encarnada en tantas formas de alienación y marginación como hoy se expresan, por ejemplo, en  los nuevos y tantas veces siniestros almacenamientos de población que  constituyen  los guetos interiores, los apéndices dormitorios de las urbes, las villas miseria del suburbio pobre.

            Y si algunos analistas, con más entusiasmo que lucidez, proponen que la ciudad, la cultura urbana, se convierta en el punto de partida del nuevo ajuste de solidaridades, a escala mundial, nadie garantiza que lo que ocurra sea justamente lo contrario, la tercermundización de las grandes urbes a escala planetaria, la ratificación de esa homologación creciente entre Lima, Sao Paulo, Nueva York, Calcuta y Madrid. Una tercermundización producida por la agudización de los conflictos de clase, raza, edad e intereses en un escenario carente de lazos u respetos comunes que no sean los del dinero o la fuerza, y que podría convertirse perfectamente en la prueba de fuego del sistema democrático en el siglo XXI.