Antecedentes Generales

Decir que el tema del consumo es un tema emergente en Chile, como cuando se refiere a mujeres, jóvenes, violencia etc., no pasa de otro lugar común, pues la emergencia son siempre temas ausentes, silenciados, como plantean los autores de la comunicación, el lenguaje construye realidades[1], y llevando la reflexión al extremo lo que no se nombra no existe. Es en este contexto donde quisiera abordar la tarea de contextualizar el desafío de las organizaciones de consumidores y la exigencia de derechos en un espacio “tan lejos tan cerca” como es el mercado. El presente trabajo es una reflexión acerca de los alcances del tema del consumo y de las organizaciones de consumidores, si bien tuvo muchos preliminares no es menos cierto que el producto es también preliminar. El objetivo del presente escrito es dar un visión de las reflexiones en torno a las organizaciones de consumidores y por donde debiera ser abordado el desafío con éstas, sin duda los temas aquí desarrollados buscan sistematizar un problema que si bien tiene larga data en el contexto internacional, en Chile es incipiente y pero de gran proyección, debiera ser una de las posibilidades de articulación de las demandas ciudadanas en torno al mercado esa realidad “virtual” que se nos comenta diariamente por televisión y que tiene grandes efectos en lo cotidiano. Las posibilidades de un mayor desarrollo de la temática está planteado en la bibliografía citada la que no da cuenta de las innumerables conversaciones con los expertos de ROLAC y otros, además del acerbo de quien realiza este trabajo.

Si bien, la historia de las organizaciones de consumidores en Chile es reciente, 1985 con la fundación de la ACHICO, en el contexto internacional sus parientes tienen una data de entre 50 y 100 años en el caso de las Organizaciones Europeas y de Estados Unidos, con distinta suerte y con acciones diversas, sus estrategias han variado y sus primeros pasos son distintos a los nuestros, pero allí se instala el modelo y los desafíos.

La historia en relación al hito que marca la pauta oficial en el tema de los derechos del consumidor como una tarea de ciudadanía, es viejo y reciente, es reciente en términos oficiales 1962, pero viejo en relación con la fundación de Consumers Union (1908), es quizás la labor de esta organización en Estados Unidos lo que provoca que en 1962 J.F. Kennedy, hablara por primera vez de derechos de los consumidores.

La concepción de derechos del consumidor, planteada oficialmente por John Kennedy, el 15 de marzo de 1962, en el Congreso de Estados Unidos, plantea: ser consumidor, por definición nos incluye a todos y sigue: somos el grupo económico más grande en el mercado, que afecta y es afectado por casi todas las decisiones económicas públicas o privadas ... pero es el único grupo importante cuyos puntos de vista a menudo no son escuchados[2]

De este modo, se asume el consumo más allá de la sola idea de reproducción de la fuerza de trabajo, es también un espacio desde el cual se pueden ejercer derechos, es así como en aquel discurso Kennedy plantea cuatro derechos: a la información, a la seguridad, a la elección de entre una variedad de productos y servicios a precios competitivos y a ser escuchados por el gobierno en la formulación de políticas de consumo[3]

En la actualidad se han agregado otros cuatro derechos: a la reparación, a la educación del consumidor, a la satisfacción de las necesidades básicas y la preocupación por un medio ambiente saludable y sustentable[4]

Pensar los derechos de los consumidores, requiere definir que entenderemos por consumo y contextualizarlo a nivel de la reflexión académica, de manera que nos permita descubrir, por qué se requiere de organizaciones de consumidores que avancen en la constitución de un sujeto capaz de levantar las demandas necesarias y mejorar las condiciones de igualdad en una economía de mercado.

 Alain Touraine que dice:

El consumo que se puede llamar tradicional o subordinado a las actividades de producción tenía tres orientaciones principales: la reproducción de la fuerza de trabajo, el simbolismo del nivel de vida y la relación con el mundo no utilitario de las ideas. Y sigue: “El consumo llamado de masas, aunque evidentemente no está desconectado de los ingresos de las masas, también tiene tres aspectos: a la reproducción física y cultural sucede la formación de nuevas comunidades o tribus; la jerarquización social de los consumos se encuentra sustituida por el nacimiento del prosumer, para emplear la palabra de Toffler, es decir, el consumidor al que apunta la empresa de producción, aquello que define al alumno de la escuela o la universidad, al enfermo del hospital o al público de la televisión; finalmente, la invocación a la alta cultura se transforma en defensa y afirmación de la personalidad individual.[5]

La definición planteada aborda a lo menos tres elementos que nos permiten acercarnos al tema. El primero, la relación entre consumo, reproducción de la fuerza de trabajo y formación de comunidades. Esta relación da cuenta de la concepción que el consumo es el instrumento que permite la expansión del capital y por ende crear las condiciones para que comunidades reproduzcan la fuerza de trabajo necesario para la producción del capital y quien produce lo que esta comunidad consume y por ende no participa, sino que está determinada por el capital, los productos y artefactos que este produce.

Una segunda relación, entre lo simbólico y la jerarquización social, es pues la relación intersubjetiva de la clase hegemónica la que define y conceptualiza la calidad de vida. La que produce bajo esta categoría y reproduce la estratificación social de acuerdo al acceso a los bienes de consumo, creando los nuevos patrones culturales de la hegemonía, involucrando a los sujetos en la dinámica de lo simbólico, utilizando los medio de masas para reproducir el contenido y lo valorado de lo simbólico. Por lo tanto, en esta figura del consumidor no es más que un operacionalizador de lo que se produce en la empresa y se le define en relación con esta.

La tercera relación, planteada como una tensión entre “la invocación a la alta cultura” (valores), que se encuentra con la “defensa y afirmación de la personalidad individual” (individuo). Refleja la tensión entre quienes piensan que los actos de consumo son reflejos individuales o peor aún individualistas. Esta descalificación moral e intelectual se apoya en otros lugares comunes acerca omnipresencia de los medios masivos, que incitarían a las masas a avorazarse irreflexivamente sobre los bienes.[6]. Y quienes plantean que a partir de los actos de consumo es posible levantar derechos y articular acciones en defensa de esos derechos.

En esta tensión se mueven las definiciones sobre consumo y son también estos los conceptos que se encuentran a la base de ellas, a modo de ejemplo: Castells dice:

el consumo es un sitio donde los conflictos entre las clases, originados por la desigual participación en la estructura productiva, se continúan a propósito de la distribución y apropiación de los bienes[7]

Consenso y Hegemonía

Hacia fines de los ochenta y comienzos de los noventa, América Latina experimentó importantes cambios ... Muchos países antes bajo regímenes militares transitaban hacia la democracia. Había una crisis económica generalizada durante gran parte de la década de los ochenta, dando paso a modelos económicos neo-liberales en la década siguiente. Al mismo tiempo, se consolidaban importantes bloques comerciales regionales y subregionales, como el MERCOSUR, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (también conocido como NAFTA), el Mercado Común del Caribe (CARICOM), y la Asociación Latinoamericana para la Integración (ALADI)[8].

En esta realidad, es donde se construye un consenso obligado para los países de la región, pues a partir de la crisis del ochenta comienza la instalación del modelo neo-liberal cuya característica esta dada por la venta de las empresas estatales y por el retroceso del Estado en su responsabilidad de asignar recursos, dejando esta tarea al mercado (empresa). Esto en Chile fue llevado a cabo por la Clase Política Militar en los conceptos de Salazar[9], es decir se llevo acabo en plena dictadura militar, que a decir del autor, fue la única forma de acometer dicha obra:

A través del proceso de privatización, sin prensa libre, sin discusión política y con cambios frecuentes en los objetivos y los procedimientos gubernamentales, fue fácil para los que estaban informados maniobrar en su propio interés y en el de sus amigos y parientes... A través de la privatización, las compañías extranjeras se hicieron más poderosas en Chile de lo que nunca habían sido antes... Ha sido el mayor desfalco de fondos públicos de la historia de Chile, consumado sin consulta ciudadana y sin dar cuenta al Congreso de la República[10]

Así en los ochenta se forman los nuevos grupos económicos, asociados al poder militar y a sus influencias que permiten construir nuevas riquezas e instalar una hegemonía económica capaz de controlar las empresas estratégicas que antes se encontraban en manos del Estado. No entraremos en los detalles de la conformación de los nuevos grupos económicos (para mayor detalle ver Hugo Fazio[11]), lo que sí intentaremos es dar una mirada general de lo que significó en términos de consenso nacional la instalación del modelo en Chile.

Junto al nuevo orden económico, instalado por los Chicago Boys, en los ochenta, ocurrió la instauración también de un nuevo orden político dado por la Constitución de 1980, desde la cual se programa la transición a la democracia en Chile y de paso se raya la cancha para la nueva forma en que se entenderán los ciudadanos y su relación con el mundo militar.

Sin duda los ochenta marcaron también una tensión que no termina de resolver la contradicción entre los sectores populares y la Clase Política Civil, la que se embarca en la legalidad de la dictadura, cumpliendo el itinerario y permitiendo la salida airosa de los militares del poder.

Los noventa, forman parte de la original performance de la Clase Política Civil, quienes asumen el modelo neoliberal sin mayores reservas, lo legitiman y lo consolidan, creando un nuevo referente político empresarial, con padrinos en el mundo militar, casos como los Ministros Correa y Brunner, de Aylwin y Frei respectivamente, que coincidentemente estuvieron en la cartera de Gobierno, forman parte de números directorios y cuentan con la confianza tanto de militares como de políticos concertacionistas y asesoran a empresas que algún día fueron del Estado, median en conflicto a favor de las empresas en contra del Estado, asumiendo una extraña militancia.

La consolidación del modelo y la desregulación de los servicios básicos, la legislación cada vez más permisiva a favor de las empresas configuran un escenario complejo a la hora de pensar profundizar la democracia y el mercado, pues en este contexto es comprensible lo planteado por Fazio: “En el mundo real, el productor integra la demanda del usuario en su planificación. Este poder casi omnímodo sólo se puede limitar a través de regulaciones estatales y/o la organización de los consumidores, proceso que en Chile es casi inexistente. Libre mercado no existe.”[12]  Lo que es reafirmado a partir de la Ley de protección al consumidor en Chile que no permite a las organizaciones de consumidores tomar acciones legales colectivas en representación de los consumidores.

Lo anterior, se plantea con mayor nitidez, “La carencia de medidas regulatorias en este terreno no pueden dejar de vincularse con el hecho de que el caso más bullado de mala calidad en la construcción se expresó en una empresa cuyos propietarios están directamente relacionados con el Ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma.”[13].

Movimiento de Consumidores: ¿Sujeto Autónomo?

La conformación de las Organizaciones de Consumidores en Chile es de tan reciente data, que no es posible aún de plantearse la idea de conformación de un sujeto autónomo, no le llamaremos popular, pues representan más bien a la clase media, es allí donde se instala su nicho de posibles asociados o miembros, esto debido a la expertiz que requiere abordar la complejidad del mercado.

Pero no necesariamente lo complejo debiera ser excluyente de lo popular, pero uno de los problemas que con mayor urgencia es necesario de resolver es la desigualdad en el ingreso, pues esto provoca un tema que es anterior, el acceso al consumo de las clases populares, a modo de ejemplo está el silencio a la hora de los resultados de la Encuesta Casen 2000, que omite intencionalmente el tema[14].

Las organizaciones de consumidores debieran resolver el complejo tema de la ciudadanía y la participación, aspectos no menores a la hora de pensar su futuro: La ciudadanía según conceptos tradicionales está referida a la relación Ciudadano - Estado, es aquí donde se encuentra el primer obstáculo, pues nos encontramos ante un Estado que se repliega asumiendo un rol subsidiario e incluso mediador, en los conflictos sociales, ejemplo de aquello está dado por el reciente conflicto entre estudiantes y microbuseros, a propósito del pase escolar.

El Estado ya no es el receptor de las demandas por los derechos básicos como la educación, la salud y la vivienda, sino que plantea el derechos a la elección, dejando a las leyes del mercado la regulación de elementos tan sensibles como estos. Aquí las organizaciones sociales en general, no encuentran aún un punto de equilibrio y desarrollo, pues mantienen sus demandas en dirección al Estado y no al mercado (empresa) quien debiera en este contexto resolver las necesidades, entendidas como bienes o servicios. Primer punto de quiebre.

Un segundo punto de quiebre es la desarticulación que esta relación provoca al interior de las organizaciones, pues sus demandas son asumidas de manera parcial y aislada lo que provoca atomización y escasa capacidad de acumular fuerzas, pues son atendidas de manera casuística y ellas tampoco articulan acciones colectivas.

Lo anterior, no es ajeno a las organizaciones de consumidores, las que si bien se encuentran en la misma lógica del mercado, no logran articular un base social que les permita levantar demandas con la suficiente fuerza como para ser oídas.

El desafío planteado por Fazio respecto a la posibilidad de los consumidores de ‘ordenar las distorsiones’, ello podría darse si su grado de organicidad y capacidad de movilización fuese adecuado, pero además se requiere que el gobierno facilite su acción, estimulando su organicidad y mostrando al desnudo los procesos en curso que afectan al conjunto de la población[15].

Más allá de la debilidad de las organizaciones de los consumidores y su precaria capacidad de acumulación de fuerzas, es necesario abordar un segundo elemento, como es la Participación, entendiendo esta como la capacidad de poder influir en la toma de decisiones, para el presente caso, la capacidad de poder en la toma de decisiones en el mercado. Donde la complejidad y los insterticios del poder son más difusos y cuentan con grado de consenso tal que es imposible dar cuenta de demandas, que no afecten las llamadas leyes del mercado y los equilibrios económicos.

La construcción del discurso

Volvamos al inicio de nuestro trabajo para finalizar, la construcción de un discurso y la capacidad de levantar demandas amplías y de consenso popular es el desafío de las organizaciones de consumidores, lo mismo que su organicidad, pero al parecer los contenidos del discurso esta resuelto, ya en 1962 se levantaron cuatro derechos, a los que se sumaron otros cuatro:

Derecho a la información, a la seguridad, a la elección de entre una variedad de productos y servicios a precios competitivos y a ser escuchados por el gobierno en la formulación de políticas de consumo, a la reparación, a la educación del consumidor, a la satisfacción de las necesidades básicas y la preocupación por un medio ambiente saludable y sustentable.

Lo anterior lo podríamos subdividir en dos categorías:

los que dicen relación con el ejercicio de ciudadanía como son el derecho a la información, a ser escuchados a la hora de la generación de políticas que nos afecten, a la educación, a la satisfacción de la necesidades básicas y a un medio ambiente saludable y sustentable. Por otro lado, los que dicen relación con la igualdad de oportunidades como el derecho a la reparación, a la elección de entre una variedad de productos y servicios a precios competitivos y a la seguridad de los productos.

Los desafíos en este plano están dados más bien en la capacidad de acumular fuerza para que este discurso sea llevado a la práctica, la generación de espacios públicos para el debate que supere los lugares comunes y que permita la capacidad de actuar de las organizaciones, es todavía una tarea pendiente.

No basta el sólo discurso, sino que es necesario avanzar en la posibilidad de aumentar el consenso social, que permita abordar estos derechos y que esto se materialice en medidas concretas.