El dinero aparece como consecuencia del trabajo, y una de las consecuencias de su división es la aparición el dinero.

Con la aparición del dinero cambia la naturaleza de las cosas. J.Locke. 
Acumular dinero puede verse como la acumulación de futuro (asegurarse vivir sin trabajar) o acumular pasado (mi trabajo, mi inteligencia e inversiones realizadas, me permitieron obtener y amasar una cantidad de dinero). El dinero es una forma de medir tiempo, muchas veces relacionado con el trabajo realizado o por realizar.

Además de su posibilidad de intercambio, el dinero ejerce un valor de proyección (uso). El valor de cambio y el valor de uso son dos ámbitos con consideraciones éticas. Manejar dinero conlleva consecuencias éticas.

En el sector bancario se juntan los ahorrantes y los inversionistas, es decir, el pasado (el ahorro producto del trabajo) y el futuro 
(inversión por realizar). Pasado y futuro se necesitan. Carecería de sentido acumular dinero sin invertir, sin proyectar. La banca en estos casos, posee la capacidad de realizar la función social de ser el tomador de riesgo por un lado, y por otro, generador de confianza en el sistema. "Las grandes crisis financieras son por falta de confianza generalizada de los inversionistas y ahorrantes". La banca se basa en el confianza y así, la reputación es uno de sus principales activos y a su vez, uno de sus primeros problemas éticos. La comunidad le deja al Estado la tarea de supervisar las evasiones de impuestos o que las políticas de crédito supongan un bien futuro para la misma comunidad.

La usura, los robos de los empleados, las excusas mentirosas, las altas tasas por comisiones injustas (muy pocos consumidores saben que las comisiones son negociables) , la inexistencia del secreto bancario, etc, son consideraciones éticas que tipifican la banca "comercial" pequeña. En las grandes corporaciones aparecen los sobornos a poderes públicos, el acceso a la información privilegiada; la evasión de impuestos y el espionaje.

La confianza, base del negocio bancario, se genera entre personas. Éstas son el cliente y por lo tanto debe procurar darle el mismo trato que empresas. Un trato digno es procurar hacerse cargo de las necesidades de los clientes que buscan una solución. Lo que normalmente ocurre es el popular "endoso del problema a terceros".

Los clientes son la principal fuente de información de las empresas. Hay que escucharlos para mejorar el negocio y conseguir una mayor fidelidad del cliente.

La banca cuenta con una alta responsabilidad social derivada de su influencia ética contra todos aquellos que giran en torno a sus actividades, por ejemplo deberá mantener informado a los accionistas de los planes más importantes). En la realidad se puede fácilmente confundir a la autoridad cuando quienes dirigen las empresas ocultan o manipulan la información a sus accionistas. Cuanto más repartida se encuentra la propiedad más importante resulta saber quién es la autoridad y qué conflictos de intereses se originan.

A la banca no se le puede pedir comportamientos altruistas porque simplemente no sería parte de su naturaleza. Lo importante es que debe jugar el papel que le corresponde en la economía. La responsabilidad social es una parte esencial del negocio bancario ya que cuenta con una actividad de largo plazo.

El mercado económico así como sus valores particulares se encuentran sustentados principalmente bajo la confianza, tanto de las políticas económicas claras del Estado como de los mismos inversionistas de la economía. De lo contrario colapsa inevitablemente. Todo aquello que viole la privacidad o desvirtúe la transparencia, debe considerársele económicamente inmoral. La ética es lo que hace eficaz al mercado, en virtud de su transparencia y por lo tanto de su confianza. Un ejemplo de ello es el comportamiento ético de los agentes económicos y de los operadores de valores, en cuanto a su responsabilidad al manejar información confidencial "aprovechable"; el respeto por el secreto profesional, etc.. La ética permite mantener una mayor eficacia y transparencia de todo el sistema económico de un país.

ÉTICA E IMPUESTOS

Contribuir con los sectores más necesitados, buscar de la equidad y justicia social es una obligación "vinculante" en la conciencia. El concepto de justicia tiene su fundamento a partir de cuatro vertientes: - El Estado como promulgador de leyes para la comunidad política; - Recaudar impuestos para fines sociales exigidos por el bien común y para una mayor equidad de la riqueza; - Determinación del objeto gravable; - Gravar conforme a una proporcionalidad justa de la riqueza. El juicio moral sobre los impuestos tiene que ver con a) la actividad fiscal y financiera del Estado, por un lado y por el otro, b) con el comportamiento del contribuyente.  

a) El resultado fiscal (entradas y salidas) del Estado es una cuenta débilmente difundida y susceptible a interpretaciones. La falta de conocimientos técnicos de la comunidad para entender los aspectos esenciales de sus resultados permite la vaguedad de su difusión. En cuanto a los impuestos, se cuestiona la validez del concepto "impuesto justo", en cuanto al uso de lo recaudado, en cuanto al objeto gravado, en cuanto al método de determinación tributaria, en cuanto a hacer justicia con las personas afectadas.

b) El contribuyente por su parte, cuestiona el concepto ético a partir de la pregunta sobre la razón (justificación) y destino del tributo.

La confianza en el buen aprovechamiento del tributo es vital para proclamar la obligación de las personas en cumplir con su "deber como contribuyente". Sin embargo si esta confianza es cuestionada, la comunidad hará lo posible por buscar mecanismos que le permitan no enfrentarlos. En la práctica, nunca se tiene certeza del destino del tributo. Esto resulta una realidad en la mayoría de los países del mundo y más aun si se trata de un país subdesarrollado. La evasión tributaria y la corrupción van de la mano y es el lema de cada día en las esferas políticas.

La corrupción no tiene que ver con los bajos sueldos (sería muy liviano afirmar esto). Tiene que ver con la codicia.

En materia tributaria el Estado debe actuar conforme a ciertos principios morales, tales como:

- "El Estado tiene el deber" y obligación moral de establecer un sistema justo de impuestos, que busque el bien común. El bien común es el "conjunto de condiciones que la sociedad ofrece a cada individuo para poder vivir una vida digna, gracias a sus propios esfuerzos".

Aunque el Estado tiene esta obligación moral de "establecer un sistema justo", esta justicia se pierde al momento de su implementación, debido a la subjetividad del concepto "Justo". Que sea adecuado para promover el bien común y atender las necesidades de la sociedad, también se pierde por cuanto las necesidades antes de ser colectivas son individuales: trabajo, salud, educación, vivienda, dignidad. Por lo tanto, mal puede el Estado ejercer esta obligación. En la práctica, juega a que puede lograrlo y la sociedad juega a que el Estado logrará hacerlo por cuanto ha sido elegido democráticamente. Al final, siempre los triunfos morales (éstas corresponden a excusas de los gobiernos frente al incumplimiento de lo prometido, escondiéndose en frases como "se hizo lo que se pudo", o "nos acercamos más") sobrepasan los triunfos reales. Un ejemplo de ello es la utopía de la erradicación de la pobreza o el logro de la equidad.

- El Estado tiene el derecho y obligación moral de "cobrar" en forma justa los impuestos establecidos. Si el Estado no ejerce mecanismos de recaudación de los tributos, el contribuyente no cancelará por voluntad dicho tributo. El Estado no tiene herramientas para recaudar del comercio informal.

- El Estado tiene la obligación moral de "aplicar" los ingresos fiscales de manera eficiente para atender a las necesidades sociales (bien común y otras necesidades). El Estado debe usar el tributo en forma eficiente. Se debe velar por la inexistencia de abusos en la utilización de los tributos.

- Debe además disponer la determinación del impuesto en forma "proporcional" a los ingresos. Al establecer un impuesto el Estado debe medir el impacto el la dignidad de las personas.

El contribuyente por su parte deberá actuar moralmente conforme a:

- Pagar los impuestos en la medida que sean justos utilizados para el bien común y otras necesidades de la sociedad. Para poder afirmar si un impuesto es justo o no, deberá ser sometido al cumplimiento de las cuatro condiciones ya mencionadas (la autoridad que legisla, el fin para el que se reclama el tributo, el objeto gravado y la proporción exigida).

- El impuesto será justo mientras no se compruebe lo contrario. La duda favorece a la autoridad. Este es el típico caso de "pague primero y luego hablamos".

- En el caso que haya duda en la utilización del tributo, existen las siguientes obligaciones moralmente: Contribuir a la realización del bien común hasta por el importe del tributo y evitar evadir el pago del impuesto por medio de cualquier mecanismo que pudiera interpretarse como corrupción.

El fundamento de la obligación moral de pagar tributo, radica en la confianza que le entrega la sociedad al Estado al conferirle la responsabilidad de velar por el bien común. Se le ha encomendado al Estado esta tarea, y por lo mismo la sociedad debe controlar que se cumpla y le corresponde a ella suministrarle los recursos económicos necesarios.

Como el "principio de equivalencia" no es aplicable en el campo de los impuestos, se obliga a plantearse los criterios para fijar la cuantía en que cada persona debe contribuir a financiar el gasto público.

Para determinar el criterio sobre el cual se debiera aplicar el impuesto, se rechaza considerar el "principio de la justicia conmutativa" (equivalencia entre lo que se da y lo que se recibe) ya que la imposición (por ley) excluye esta equivalencia. El "principio de la capacidad de pago" donde la contribución sería proporcional a la capacidad económica de cada contribuyente, no considera el efecto que sobre cada contribuyente se presenta al desprenderse de una parte de su renta, por lo que también se excluye. Se rechaza además el "principio de sacrificio igual" (por ejemplo el Impuesto al valor agregado), porque la contribución de cada uno supone un sacrificio mayor para aquellos de menores ingresos. Si se quiere implementar un sistema de pago que signifique el mismo sacrificio para todos, entonces, se deberá optar por el "sistema tributario progresivo", donde el monto a pagar crece más que proporcionalmente a la capacidad de pago de cada uno. Este criterio pareciera ser aquel que más se acerca a la efectiva finalidad redistributiva.

Se entiende que la progresividad no es aplicable por igual a "cada género de tributo". En virtud que la imposición indirecta conlleva un efecto regresivo, sobre todo aquellos que gravan el consumo de bienes más necesarios. El impuesto sobre la renta, es entre los "impuestos directos", es el que posee mayor capacidad progresiva.

En cuanto a la estructura del sistema impositivo, cabe preguntarse respecto de la determinación y monto de la cuantía. Los recursos impositivos deberán estar en función de las necesidades "correctas" que el Estado debe satisfacer.

El sistema tributario exige contemplar el destino de los recursos recaudados. Uno de los temas a considerar es la llamada objeción fiscal, que se aplica en relación a los gastos destinados a la defensa. Consiste en sacar de la contribución de la renta, un porcentaje igual al que representan los gastos de defensa militar en los gastos totales de la nación, para destinarlos a una institución con fines pacifistas o humanitarios. Sin entrar a explicar el significado ético de la carrera armamentista, no se puede desconocer su sentido profético.

En conclusión, tras el sistema impositivo se deberá velar por los principios morales tanto para el Estado como para los contribuyentes. El escepticismo de estos últimos respecto de la eficacia del Estado en la utilización de lo recaudado, proviene de tantos y tantos casos de corrupción a través de la historia. A medida que pasan los años, más casos de corrupción de conocen.

Existe un escepticismo general respecto a la eficiencia del sector fiscal en todo orden, más aún en cuanto a materias de administración de dineros. El sistema impositivo debe iniciarse restaurando la confianza en la sociedad, demostrando que el Estado puede ser un buen administrador del dinero y dando cuenta a la ciudadanía del destino eficaz de los mismos conforme al sentido del bien común (la pregunta que cabe es si el financiamiento de campañas políticas son o no parte del este concepto de bien común), y por otro, instaurando un profundo sentido ético respecto del papel que juega el contribuyente.